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Estado y cooperativas frente a los desafíos globales
Cooperativistas de la región y del resto del mundo debatieron sobre la relación entre Estado y cooperativas en el escenario de los nuevos desafíos globales, y sobre el tipo de políticas públicas que puede contribuir al desarrollo del movimiento cooperativo, en un taller realizado en la ciudad de Buenos Aires, como parte de la V Cumbre Cooperativa de las Américas.
La relación entre el Estado y las cooperativas es un tema que ha estado presente históricamente en los debates del movimiento cooperativo. Encontrar un modelo de articulación que, por un lado, contribuya a optimizar la coordinación de esfuerzos entre dos actores esenciales para la satisfacción de las necesidades de la población en condiciones de equidad y que, por otro lado, garantice la imprescindible autonomía de las cooperativas, consagrada como uno de los principios que definen la naturaleza del modelo cooperativo, siempre ha representado un reto para las organizaciones del movimiento.
El Taller sobre Políticas Públicas, realizado el pasado jueves 25 de octubre como parte de las actividades de la V Cumbre Cooperativa de las Américas, se propuso analizar una vez más este tema, pero incorporando un nuevo ingrediente: la necesidad de contemplar en ese modelo de articulación, tanto la naturaleza como el alcance de los nuevos desafíos globales. Los Estados no pueden hacerse responsables de estos desafíos sin considerar los aportes de la sociedad civil y de las cooperativas en particular y, al mismo tiempo, las cooperativas no pueden hacer frente en forma solitaria a problemas que hoy tienen escala planetaria y que, por lo tanto, requieren esfuerzos convergentes con los poderes públicos. En este escenario, el taller buscó aportar elementos orientadores para las actividades del movimiento en materia de incidencia sobre las políticas públicas, a partir de un recorrido por los aprendizajes extraídos de las diferentes experiencias nacionales y regionales, y de un repaso de las recomendaciones que han emitido diversos organismos internacionales respecto a la generación de entornos favorables para el desarrollo del modelo cooperativo.
Ariel Guarco, presidente de Cooperar y de la ACI, comenzó aportando la visión de la Alianza sobre este tema. Recordó que la única referencia que se ocupa de esta relación en la declaración de identidad cooperativa es el principio de autonomía e independencia, pero opinó que no debe perderse de vista que la realidad es mucho más rica y que son muchos los ámbitos en los que se producen sinergias importantes. Afirmó que, tal como lo indica la declaración del Congreso Mundial de Cooperativas de Mánchester de 2012, el desafío consiste es establecer un compromiso que conciba al Estado como un socio con el que se pueda establecer una alianza equilibrada. Para Guarco lo necesario es, entonces, debatir sobre qué entendemos como un “Estado socio” de las cooperativas y tener claro que “nuestra agenda común con los gobiernos es la Agenda 2030”. Agregó que debe garantizarse la participación del movimiento en el diseño, la gestión y el control de las políticas públicas destinadas a la promoción de las cooperativas, lo que representa una forma de que los Estados aprovechen la capacidad de autogestión que tienen las cooperativas. También enfatizó la necesidad de dar transversalidad a las políticas destinadas a promover a las cooperativas, más allá de las especificidades en la relación de ciertos organismos públicos con un tipo particular de cooperativas.
Sobre este tema Marcelo Collomb, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de Argentina, señaló que efectivamente existen un conjunto de elementos transversales que sugieren que una buena política pública es que las funciones estén concentradas en un único organismo que permita trabajar de manera integral. Entre ellas mencionó: la integración cooperativa y mutual para favorecer el desarrollo local; la institucionalización de las entidades; la defensa de la identidad cooperativa y mutual, por sobre cuestiones formales y como una forma de preservar su figura jurídica; y el combate a la pobreza, favoreciendo el desarrollo sostenible a partir de la ética de la solidaridad como visión distintiva. Collomb sostuvo que “es importante que el control público también sea visible, para no estar solo a la defensiva sino también para mostrar y enseñar lo que es una cooperativa y una mutual, cómo se definen y controlan”. Agregó que también es necesario fortalecer mecanismos de autocontrol. “Hay que prestarle atención especial a las normas destinadas a impedir el lavado de dinero y los fondos de origen ilícito para que no se desvirtúe la identidad cooperativa o mutual”, indicó.
Claudia Sánchez-Bajo, integrante del Comité sobre Investigación Cooperativa (CCR) de la Alianza e investigadora experta de diversas universidades de China, Alemania, Bélgica, Italia y Canadá, se refirió a la contribución de las cooperativas al desarrollo sostenible. Destacó que se está produciendo un cambio de paradigmas a nivel mundial y en múltiples dimensiones: desde el objetivo del crecimiento del PIB al de la generación de valor y riqueza compartida; en la física, desde la concepción mecánica de Newton a la emergencia de los sistemas complejos auto-organizados y a la idea de la inteligencia colectiva descentralizada de John Stuart Mill; desde los sistemas económicos de intercambio puntual, contractual e individualista a los sistemas circulares entrópicos que también contemplan las externalidades; y desde la concepción de las crisis como episodios coyunturales a la noción más compleja de crisis cíclicas y circulares. Estos nuevos paradigmas conllevan cambios en el pensamiento, en las soluciones (agencia colectiva, capacidad de recuperación y medios de vida sostenibles basados en una concepción intergeneracional), en los espacios de resolución de los problemas, todo ello basado en la búsqueda de opciones que prioricen la gestión participativa y descentralizada.
Sánchez-Bajo se preguntó, entonces, ¿qué pueden aportan las economías en este tiempo de cambio de paradigmas? Señaló que esos aportes se producen en varias dimensiones: contribuyen a la creación de una ciudadanía democrática con visión comunitaria, lo que genera solidaridad y empatía con la construcción de lazos y redes, y fomenta economías de alcance y de escala; facilitan la identidad y la auto-organización social , lo que representa una oportunidad de aumentar su poder de negociación y aporta un mecanismo útil para gestionar el riesgo, y así, mantener la eficiencia en los mercados; y facilitan la creación de empleo, mejorando las competencias de sus asociados, lo que genera crecimiento económico y desarrollo social que se traduce en riqueza compartida, y produce lo que denominó como “economía de vida”.
Giuseppe Guerini, Presidente de CECOP-CICOPA Europa, organización que nuclea a 25 federaciones y confederaciones nacionales de cooperativas que representan a 50 mil empresas que emplean a 1,3 millones de trabajadores en 15 países europeos, destacó especialmente el rol de las cooperativas sociales en el actual contexto. Mencionó que son importantes para la promoción de nuevas formas de participación directa de los ciudadanos, para la atención especial de la inclusión social de los sectores que potencialmente queden excluidos o desfavorecidos, y para innovar en torno a la atención de necesidades sociales que no son cubiertas por el sistema tradicional de asistencia.
Dante Cracogna, miembro de la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativas de las Américas reflexionó sobre la necesidad de definir políticas públicas que tomen en cuenta la particular naturaleza de las cooperativas, como organizaciones y como empresas. Comenzó argumentando los motivos por los que debe contarse con políticas públicas específicas para las cooperativas, lo que fundamentó en el conjunto de rasgos que dan forma a la “diferencia” cooperativa en tanto se trata de organizaciones que: procuran satisfacer necesidades mediante prestación de servicios y sin buscar el lucro; movilizan la participación ciudadana en la solución de sus necesidades; promueven actividades de desarrollo local, radicando capitales y actividades en el territorio; generan núcleos de iniciativas económicas y sociales; acumulan capital social y económico permanente; formalizan la actividad económica; y fomentan la transparencia y competitividad. Este tratamiento diferencial hace necesario un tratamiento especial pero no necesariamente privilegiando, aunque sostuvo que también es razonable que existan medidas promocionales, del mismo modo que las hay para otros tipos de empresas, que siempre deben ser respetuosas del principio de autonomía e independencia. Cracogna destacó la importancia de que en la implementación de esas políticas públicas exista una clara asignación de competencias y responsabilidades, así como una activa participación de las propias organizaciones del sector, tanto en su diseño como en su ejecución.
La actividad fue cerrada con la intervención de Bruno Roelants, Director General de la Alianza Cooperativa Internacional, quien comenzó refiriéndose a diferentes documentos que dan indicaciones claras sobre el tema de las políticas públicas que generen un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas, particularmente a la Recomendación 193 de la OIT del año 2002, pero también a algunos otros más recientes, como el reconocimiento de las cooperativas como actores del desarrollo del año 2015, por parte de la Unión Europea; una nueva resolución de la OIT del año 2015 referida a la transición de la economía informal hacia la formal que también asigna un rol importante a las cooperativas; y la declaración de la UNESCO del año 2016 que promueve la educación cooperativa en el sistema educativo y en la sociedad en general. Agregó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la agenda 2030 constituyen un marco que refuerza el trabajo del movimiento cooperativo en relación con las políticas públicas, considerando que la contribución de las cooperativas en materia de desarrollo y de sustentabilidad medioambiental puede ser medida y demostrada. Sobre cómo abordar el tema de incidir en las políticas públicas Roelants recordó que los grandes actores económicos que compiten con las cooperativas ya no van a hacer lobby a los pasillos, sino que operan directamente sobre el poder. En ese sentido, opinó que el movimiento cooperativo debe complementar las acciones de incidencia clásica con partenariados, asociándose con los estados a partir de persuadirlos de la existencia de objetivos e intereses concurrentes. Recalcó que este tipo de trabajo requiere de datos, estadísticas e investigación e informó que la ACI ya ha celebrado acuerdos de trabajo (o está en proceso de hacerlo) con la UE, la OIT, la FAO y el FIDA. Finalmente, Roelants propuso que el movimiento cooperativo desarrollara un trabajo conjunto para mejorar la implementación de políticas públicas a todos los niveles.
La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Cooperativa de las Américas, y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.